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Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

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TÍTULO I. Del Objeto de la Ley y de las Personas Sometidas a Ella

ARTÍCULO 1.

El objeto de la presente Ley es prevenir, perseguir y sancionar el enriquecimiento ilícito y los delitos contra la cosa pública que en ella se determinan, y hacer efectiva la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria de los funcionarios y empleados públicos y demás personas que se indican en ella.

ARTÍCULO 2.

Para los efectos de esta Ley, se consideran funcionarios o empleados públicos:

1) A todos los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de las Entidades Federales, Municipios o de algún instituto o establecimiento público sometido por la ley a control de tutela, o de cualquier otro tipo, por parte de dichas entidades.

2) A los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras personas jurídicas, cuyo capital o patrimonio estuviese integrado con aportes de las entidades mencionadas en el artículo 4 de esta Ley, igual o mayor al cincuenta por ciento del capital o patrimonio; y los directores nombrados en representación de dichas entidades estatales, aun cuando la participación fuere inferior al cincuenta por ciento del capital o patrimonio.

3) A cualquier otra persona en los casos previstos en la presente Ley.

ARTÍCULO 3.

Las disposiciones de la presente Ley se aplican a las personas indicadas en el artículo anterior, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República.

ARTÍCULO 4.

Se considera patrimonio público aquel que corresponde por cualquier titulo a:

1) La República.

2) Los Estados y Municipios.

3) Los Institutos Autónomos, los establecimientos públicos y demás personas jurídicas de derecho público en las cuales los organismos antes mencionados tengan participación.

4) Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refieran los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas, además, las sociedades de propiedad totalmente estatal cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.

5) Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento.

6) Las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas de las personas referidas en el presente artículo, o aquellas de cuya gestión pudieran derivarse compromisos financieros para esas personas.

TÍTULO II. De la Declaración Jurada de Patrimonio

ARTÍCULO 5.

Las personas señaladas en el artículo 2. de esta Ley, deberán hacer declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión y dentro de los treinta días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones públicas.

La declaración jurada de patrimonio estará exenta de todo impuesto o tasa.

A quienes competa hacer el nombramiento o designación y a los presidentes de cuerpos integrados por funcionarios electos corresponderá participar a la Contraloría General de la República las elecciones recaídas, los nombramientos o designaciones hechos y las respectivas tomas de posesión de cualquiera de las personas señaladas en el artículo 2 de esta Ley, a los fines del Registro de Funcionarios o Empleados Públicos.

Tal participación deberá hacerla el obligado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la cual el funcionario o empleado público asuma el ejercicio del cargo.

PARÁGRAFO ÚNICO La Contraloría General de la República, en casos excepcionales y justificados, podrá prorrogar los lapsos antes indicados.

ARTÍCULO 6.

La declaración de patrimonio debe ser hecha bajo juramento de decir verdad, en papel común, sin estampillas, por ante los funcionarios que el Contralor General de la República autorice para recibirla. En el extranjero, la declaración se hará ante el representante diplomático o consular de la República en el país donde el funcionario formulante prestare sus servicios. El funcionario que reciba la declaración deberá enviarla a la Contraloría General de la República dentro de los diez días continuos siguientes a la fecha en que hubiere sido hecha.

PARÁGRAFO ÚNICO El funcionario que reciba la declaración otorgará constancia de ello al interesado.

ARTÍCULO 7.

Están exceptuados de formular declaración jurada de patrimonio:

1) Los profesores y maestros que no tengan otra actividad pública que la enseñanza.

2) Los suboficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales, que no ejerzan funciones administrativas.

3) Los miembros de las academias, de comisiones de legislación y de cuerpos consultivos.

4) Los que sólo tuvieren funciones eventuales, interinas o transitorias, que no excedan de tres meses, salvo aquellos que presten servicios o ejerzan gestiones, negocios o mandatos en el exterior y no estén exceptuados en los ordinales anteriores.

5) Los que determine la Contraloría General de la República, mediante resolución motivada, por la naturaleza de las funciones que desempeñen.

PARÁGRAFO ÚNICO La Contraloría General de la República, podrá ordenar a cualquiera de las personas exceptuadas en el artículo precedente, que formule declaración jurada de patrimonio en el término prudencial que le señale, cuando, a su juicio, ello fuere necesario con motivo de la investigación que aquélla practique.

ARTÍCULO 8.

La declaración jurada de patrimonio deberá contener una relación:

1) De los bienes y de los créditos a favor o en contra del declarante con expresión del valor de los mismos.

2) De los bienes y de los créditos a favor o en contra del cónyuge no separado legalmente de bienes, y los de los hijos menores sometidos a la patria potestad del declarante, con expresión del valor de los mismos.

3) En el caso de bienes muebles, se señalará el lugar donde están depositados, si no lo estuvieran en la casa de habitación del declarante.

PARÁGRAFO PRIMERO Se exceptúan del requisito de la declaración, los bienes muebles destinados al uso o al consumo personal y directo del declarante, del cónyuge y los de sus hijos menores sometidos a patria potestad. En todo caso, deberán incluirse en la declaración jurada de patrimonio las obras de arte y las joyas cuyo valor individual exceda de cien mil bolívares o que en su conjunto excedan de quinientos mil bolívares; en ambos casos, se identificará con precisión cada uno de los objetos e indicará el valor de adquisición de los mismos. El Reglamento podrá modificar los montos antes indicados.

PARÁGRAFO SEGUNDO La declaración jurada de patrimonio también contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante facultando a la Contraloría General de la República y al órgano jurisdiccional competente para que sean investigados sus cuentas y bienes situados en el extranjero.

ARTÍCULO 9.

En la formulación de la declaración jurada de patrimonio deberán observarse las siguientes normas:

1) Cuando se trate de derechos sobre bienes inmuebles se indicará el número, folio, protocolo, tomo, fecha y oficina subalterna de registro ante la cual se hubiere protocolizado su adquisición, enajenación, gravamen u otro tipo de operación realizada sobre ellos.

2) Cuando se trate de acciones o cuotas de participación en sociedades civiles o mercantiles se indicará el número, tomo, fecha y oficina donde curse el registro societario, y la naturaleza, número, valor de emisión y descripción de los títulos contentivos de las acciones o cuotas.

3) Cuando se trate de cuentas corrientes, de ahorro, de depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro, bonos quirografarios, financieros, de deuda pública o cualquier otro título valor se señalará, según el caso, su monto o saldo para el momento de la declaración, número de cuenta o título, instituto bancario comercial o hipotecario, entidad de ahorro, organismo financiero privado u oficial, nacional o extranjero, que hubiere emitido los valores o donde se hallaren los depósitos.

4) Cuando se trate de cualesquiera otros derechos o de acreencias activas o pasivas, se indicará, con la debida precisión, la documentación donde consten, su valor y el nombre del deudor o acreedor.

ARTÍCULO 10.

A las personas que no hubieren presentado la declaración jurada de patrimonio en el término señalado, se les retendrá el pago de las remuneraciones mientras no den cumplimiento a la obligación indicada. Esta retención se mantendrá hasta que el funcionario o empleado público presente prueba fehaciente de que entregó dicha declaración al funcionario autorizado por la Contraloría General de la República para recibirla.

ARTÍCULO 11.

Las personas obligadas a formular declaración jurada de patrimonio prestarán las facilidades necesarias para verificar la sinceridad de ellas. A tal efecto, permitirán a los funcionarios competentes la inspección de libros, cuentas bancarias, documentos, facturas, conocimientos y otros elementos que tiendan a comprobar lo que se averigua. Idéntica obligación estará a cargo de los funcionarios o empleados públicos y de los particulares que tengan dichos documentos en su poder.

Los institutos bancarios están obligados a abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a averiguación y mostrar su contenido cuando se lo exijan la Contraloría General de la República o el órgano jurisdiccional competente. La apertura se hará en presencia del funcionario respectivo y del titular de la caja de seguridad o de su representante. En caso de que aquél no concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja de seguridad, ésta será abierta en su ausencia o rebeldía y en presencia de un fiscal...

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